Dos hechos destacan de la media de cuestiones instaladas en la semana, y no se trata de la modelo que banaliza el tema de la dictadura, ni de la boleta única que desesperadamente propugnan los sectores opositores.
La fijación en el Consejo del Salario de un salario mínimo vital y móvil de 2.300 pesos a partir del 1 de setiembre es un dato relativo a la distribución real y es auspicioso. Los que hablan de la fiesta de consumo y arriesgan como el candidato a vicepresidente González Fraga que lo que debe hacerse es un ajuste, no ven con buenos ojos este acuerdo, sin embargo, las cámaras empresarias se avinieron a firmarlo. Es probable que lo pactado incida en el salario de los trabajadores formales fuera de convenio, pero el 37,8 por ciento de los trabajadores informales que arroja el Censo Nacional de Hogares Urbanos, no están cubiertos por este acuerdo.
Surge entonces la necesidad de acabar con el trabajo llamado “en negro” como un objetivo de alcance cercano y el control de los precios para que a los aumentos salariales no se los coma la inflación realmente existente, aunque el incremento salarial adoptado cubra la inflación aceptada. Y a esto se oponen tirios y troyanos, porque implica cambios profundos y estructurales en la sociedad, que no quieren ni el empresariado ni los sectores dominantes reaccionarios.
Otro debate de fondo es el de la legislación sobre la propiedad de tierras en la Argentina, proyecto anunciado por la Presidenta de la Nación en la apertura de las sesiones del Congreso y reiterado el día de su triunfo en las elecciones primarias. El objetivo es restringir la venta y cesión de tierras a extranjeros.
La oposición, una vez más, considera que este proyecto vulnera la Constitución, alertando sobre que podría perjudicar la llegada de inversiones.
Se cree que existen más de veinte millones de hectáreas extranjerizadas, por lo que es muy importante que en sus fundamentos el proyecto de ley defina a la tierra como “un recurso estratégico natural, escaso y no renovable” cuya titularidad corresponde al pueblo argentino.
No se trata solo del proyecto de ley, sino de impulsar el desarrollo de proyectos productivos de inclusión social, de organizar el territorio nacional, de investigar sobre las tierras adquiridas con anterioridad y reducir el porcentaje de tierras a la venta, considerando que los capitales extranjeros, como una manera de enfrentar la profunda crisis capitalista que atraviesa el mundo, buscarán aumentar la apropiación de las mejores tierras del patrimonio para, mediante la agricultura intensiva y la extracción de recursos naturales, producir ganancias y refugiarse de la crisis financiera.
En definitiva, lo que se discute por estos días es si se acaba o no con el desempleo y la precariedad laboral, si protagonizan o no las cooperativas urbanas y rurales, las pymes, los microemprendimientos, las empresas recuperadas por los trabajadores. Para esto es necesario que las grandes redes comerciales y financieras sean puestas al servicio de estos proyectos, lo que conducirá a la recuperación del patrimonio enajenado, a modernizar el sistema productivo, a impulsar un plan de obras públicas y a recuperar la capacidad de decisión nacional sobre los recursos.
Claro que esto solo es posible si lo protagoniza un vasto y plural movimiento de masas, que en octubre se exprese por estos aspectos positivos y por los cambios que son necesarios.
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